“Acá queremos saber quién va a ser el abogado con inventiva que presente la jugada del Gobierno para saber si hay que revalidarle el título”. La frase, mordaz, oída por Infobae, fue dicha en los pasillos del Palacio de Tribunales apenas se conoció la decisión del presidente Alberto Fernández de recusar a los jueces de la Corte Suprema y anunciar que se iba a desconocer los alcances del fallo que le ordena, transitoriamente, devolverle al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, fondos de coparticipación que le quitó, sin acuerdo previo, en septiembre del 2020 durante una protesta policial contra el gobierno de Axel Kicillof. Mientras constitucionalistas y abogados adelantan que es una cuestión tardía e improcedente, el anuncio sobre los próximos pasos oficiales y desde la oposición ya se presentan denuncias penales contra el Gobierno, en tribunales la decisión es esperar: más allá de las declaraciones públicas, lo que miran es la causa, en donde se ordenó una medida cautelar y se analiza la cuestión de fondo. El lunes se reanudará la actividad judicial tras la fiestas navideñas en lo que será la última semana del año previo al receso de la feria de enero. Frente a los anuncios públicos, dicen en voz baja, es solo “humo de la política”. Aguardan para saber si, efectivamente, el Gobierno avanzará en los papeles con la decisión de no cumplir con un fallo de la Corte. Un escenario que, de concretarse, traería consecuencias institucionales graves. “Mirá si cada uno de los que pierden en un litigio dicen que es de imposible cumplimiento... Qué opinará el juez de Nueva York que interviene en la causa por la expropiación de YPF cuando se entere que el Estado argentino anuncia que no va a cumplir una sentencia de su máximo tribunal? “, señalaba a Infobae un habitué del cuarto piso del Palacio. Por lo pronto, la notificación del fallo dictado el miércoles por la Corte Suprema fue dirigida a los ministros del Interior y de Economía. Y el dinero destinado a Rodríguez Larreta tendría que salir de las cuentas del Banco Nación, en manos de Batakis. Una vez que quede claro que el fallo no se cumpla, ahí será el momento de buscar responsables por ese incumplimiento. En tribunales corría el rumor sobre “el GPS” que estaban pidiendo dentro del propio Gobierno, más allá de las declaraciones políticas, para saber qué cobertura legal podrían tener los funcionarios que queden expuestos en esa decisión. Fuente: Infobae