El fiscal federal Diego Luciani inició su segunda jornada de alegatos en el juicio por la causa "Vialidad" y cuestionó la falta de supervisión de los organismos de control del Estado. “Hubo un direccionamiento grosero e inadmisible y una falta total de control. Era imposible que se permitiera si no era porque la orden venía de lo más alto del Poder Ejecutivo”, sostuvo. “Despedazaron el Estado de Derecho”, continuó el fiscal en una audiencia en la que está ausente la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, quien pidió autorización para no estar en esta instancia del juicio. El fiscal consideró, además, que “en Santa Cruz se violaron todas las normativas” en materia de prevención contra la corrupción. En ese sentido, describió todos los tratados internacionales en materia de combate contra la corrupción a los que la Argentina se adhirió e incluso incorporó a su Constitución. “Entre 2003 y 2015 en la Argentina se vulneraron todas esas normas”, disparó. Luciani sostuvo también que se pretendió aplicar la legislación provincial en materia de obra pública cuando, por tratarse de fondos provenientes del Poder Ejecutivo Nacional, debió regir la ley nacional sobre los contratos de obras públicas. Causa Vialidad: el fiscal acusó a Cristina Kirchner de encabezar una "asociación ilícita" en el primer día del alegato El fiscal federal Diego Luciani inauguró el alegato del Ministerio Público Fiscal (MPF) en el juicio por la causa Vialidad anticipando que considera probado que Cristina Fernández encabezó una asociación ilícita que defraudó al Estado. Con esta afirmación dejó expuesto que pedirá su condena y la del resto de los imputados por los delitos de asociación ilícita y defraudación a la administración pública. Luciani aseguró “tiene por acreditado que entre los años 2003 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares. Y agregó: “Al asumir Néstor Kirchner la Presidencia de la Nación y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país”. Así arrancó la primera de las 9 audiencias solicitadas por la fiscalía en el proceso oral a cargo del Tribunal Oral Federal 2 (TOF2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. El veredicto podría conocerse antes de fin de año. ¿Qué es la causa de Vialidad? Cristina Fernández de Kirchner es juzgada por ser la supuesta jefa de una asociación ilícita que cometió delitos durante el kirchnerismo, entre ellos el direccionamiento de la obra pública nacional en Santa Cruz a favor de las constructoras del empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz. Según la acusación, en ese lapso se adjudicaron a los Báez 51 obras, el 80 % del total. Muchas de las cuales quedaron inconclusas, tuvieron sobreprecios o no eran necesarias. Cabe recordar que todo se originó con la llegada de Cambiemos al Gobierno. Entre enero y febrero de 2016, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) realizó una auditoría de la obra pública licitada en Santa Cruz durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. En aquel momento, no se analizó si existían sobreprecios en las obras, pero sí se pudo determinar que hubo una “concentración de obras en un único grupo de empresas”, que pertenecían a Austral Construcciones, Del Curto Construcciones, Gotti y Loscalzo, Kank y Costilla y Sucesión de Adelmo Biancalani. ¿Quiénes son los otros imputados? Junto a la expresidenta son juzgados Lázaro Báez, el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, y el primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner. Los cuatro están detenidos. Además, se juzga a otros ocho acusados que permanecen en libertad bajo fianza. En el caso del empresario Lázaro Báez, ya tiene una condena a 12 años de prisión como autor de lavado de dinero agravado en dos oportunidades: en la expatriación y el reingreso de fondos; y en la compra de la estancia “El Carrizalejo”, en Mendoza.