Tres opositores de Angaco recibieron un tercer rechazo por parte de Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos Especiales, tras acusar al intendente de ese departamento, Carlos Maza, de haber aprovechado recursos provinciales destinados para los damnificados del terremoto para obtener un beneficio propio. Los denunciantes son Claudio Palacio, Natalia Marín y Valeria Olivera, quienes apuntaron a Maza como jefe de una asociación ilícita. Los ediles aportaron elementos remitidos por el municipio para comprobar el delito. El intendente era acusado de haber cometido fraude contra la administración pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. La fiscalía, con Iván Grassi a la cabeza, definió que lo denunciado por los concejales no es tal y que "la conducta del intendente no configura acción delictual penal alguna". Así, "no corresponde iniciar una investigación penal", por lo que el pedido de los ediles fue desestimado. El rechazo, que se dictó ayer, fue el tercer revés penal que recibieron los concejales en el año, ya que antes habían intentado ir contra el concejal oficialista Alejandro Paredes y un asesor del Concejo Deliberante, planteos que también fueron desestimados, en febrero y enero, respectivamente. Palacio, Marín y Olivera habían planteado que Maza utilizó recursos que destinó la provincia a los municipios para atender a las familias afectadas por el terremoto, para obtener ganancias y lo hizo al comprar materiales de construcción a un precio mayor al del mercado.  La denuncia contra el jefe comunal se da en el marco de un fuerte conflicto que existe en Angaco entre los tres consejales opositores a Maza, que desde el peronismo aseguran que responden al exintendente José Castro, mientras que en el entorno del dirigente indican lo contrario.