El proyecto de ley Responsabilidad Social Empresaria está fechado en julio de 2021, con número de ingreso 1410 de la Cámara de Diputados de San Juan. Allí figuran como sus autores, Nancy Picón y Sergio Miodowsky, del Bloque Producción y Trabajo, partido provincial que es parte del frente nacional Juntos por el Cambio. Hasta acá nada debería llamar la atención. El problema es que dicho proyecto es una copia casi exacta de la Ley 8488 de Responsabilidad Empresaria sancionada en Mendoza el 24 de octubre de 2012. Y lo peor es que la copia fue tan textual que el texto presentado en la legislatura sanjuanina menciona en su Artículo 7° “el bienestar de la sociedad mendocina”. Artículo 7°: Índice de Responsabilidad Social Empresaria. La autoridad de aplicación debe elaborar en forma progresiva un índice de RSE considerando los indicadores establecidos mediante los mecanismos mencionados anteriormente, como instrumento de medición y evaluación del aporte integral de las empresas y organizaciones al bienestar de la sociedad mendocina. En el Artículo 10° dice que la empresa tiene el derecho de utilizar públicamente el distintivo de Empresa Comprometida con la RSE con la identificación de la marca Gobierno de Mendoza. Otros yerros en el proyecto de ley de los sanjuaninos se encontraron en el Artículo 11° que habla de los beneficios, y en el punto b) se establece mejor y mayor posibilidad de acceso a líneas de crédito y financiación del Fondo para la Transformación y el Crecimiento de la provincia, que es un fondo mendocino, tarea que en San Juan correspondería al Banco San Juan, agente financiero de la provincia. Y hay más. El Artículo 15° que se refiere a las cooperaciones, en el punto b) menciona la elección de dos representantes de universidades públicas y privadas con funcionamiento en la provincia, uno de ellos será propuesto por la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad Tecnológica Nacional y el otro por las o demás universidades privadas en forma rotativa. Las dos universidades mencionadas son de Mendoza. Lo extraño en este último artículo es que no quedó así redactado en la sanción de la Ley 8488.