Se calcula que el río San Juan traerá (entre octubre 2021 y septiembre 2022) sólo 450 hectómetros cúbicos de los 1200 que se necesitan. Es decir, apenas se cubre un poco más de un tercio de la demanda para satisfacer necesidades de consumo humano, riego, energía y recreación. “Realmente es crítica la situación, no lo digo yo sino un comité de expertos, que pronostican que esto puede llegar a durar más de 30 años”, destacó Orrego. El legislador sanjuanino presentó el proyecto en octubre de 2020, pero aún no se trató en comisión, por eso en plena sesión pidió un apartamiento del reglamento y volvió a insistir en la emergencia, señalando que  “La provincia de San Juan está en un estado de indefensión con respecto a los recursos hídricos, esto afecta enormemente a la producción, al empleo, porque se requiere de mano de obra intensiva en cosecha, y  también al consumidor porque todo se traslada al costo, porque la oferta baja”. Orrego fundamentó la importancia de declarar la emergencia hídrica, en la posibilidad de acceder a partidas presupuestarias especiales del gobierno nacional, para poder acelerar las obras de infraestructura que se necesitan para pozos subterráneos, impermeabilizar los canales de riego y beneficios para los productores, que año tras año enfrentan la incertidumbre por la falta de agua. Las medidas pedidas Partidas presupuestarias especiales para la reactivación de pozos y las obras de infraestructura requeridas para aliviar los efectos de la escasez de los recursos hídricos; Eximición, por el término que se determine la emergencia, del cómputo de los impuestos nacionales en las tarifas eléctricas de distribución para los micro,  pequeños y medianos productores agropecuarios electrodependientes. Exención de las alícuotas vigentes por derechos de exportación mientras dure la declaración de emergencia; Ampliación de fondos destinados a preservar los puestos del personal temporario que haya prestado servicios por al menos DOS (2) períodos consecutivos, en momentos claves de producción en los que se requieren mano de obra intensiva, como cosecha, acarreo, atadas, poda o empaque, así como la adopción de medidas que tiendan a preservar y restablecer las relaciones de producción y empleo. Créditos a tasa cero para el fomento de riego presurizado, entre otras. Ante la importancia del tema, más provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis, La Pampa, Entre Ríos, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán y Jujuy, se sumaron al pedido de emergencia.