Esta semana se conoció que el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, confirmó que los empleadores del sector privado podrán exigir el retorno a la modalidad presencial de aquellos trabajadores que recibieron al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus. En este contexto, se supo que en San Juan se está trabajando para que esa norma rija para los empleados públicos provinciales. La información fue confirmada este jueves por el gobernador Sergio Uñac, quien aseguró: "Esta norma nacional va a respetarse, así que el Asesor Letrado de Gobierno ya tiene indicaciones de proceder a elaborar la herramienta administrativa - jurídica para copiar la norma." La norma nacional indica que, las únicas personas que quedan excentas de esta medida son los empleados con inmunodeficiencias congénitas, asplenia funcional o anatómica (incluida anemia drepanocítica) y desnutrición grave; con VIH dependiendo del status; con medicación inmunosupresora o corticoides en altas dosis. Disposición nacional “La medida solo exceptúa a las personas incluidas en el artículo 3°, incisos V y VI de la Resolución N° 627/2020 del MINISTERIO DE SALUD, esto es, los trabajadores con inmunodeficiencias, oncológicos y/o trasplantados”, señala la nota firmada por el titular de la cartera laboral. En el documento emitido esta noche Moroni hizo una interpretación de los decretos 241/2021 y 287/2021 y la Resolución 207/20, y en este sentido dijo: “La cual dispensa del deber de asistencia al trabajo a los trabajadores y trabajadoras mayores de SESENTA (60) años, embarazadas y/o que se encuentren comprendidos en alguno de los grupos de riesgo definidos por la autoridad sanitaria es complementada por la Resolución Conjunta del MINISTERIO DE SALUD y del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 4/2021, que regula la posibilidad de convocar a los trabajadores, incluidos los dispensados, debidamente vacunados que podrán retornar a sus actividades luego de transcurrido el tiempo considerado necesario para la inmunidad”. En febrero pasado, el sector privado le había pedido al Gobierno que aquellos empleados que están considerados como población de riesgo por el coronavirus puedan volver a trabajar si se habían aplicado al menos una dosis de la vacuna.