Martín Guzmán negocia en estos días incluir en el potencial acuerdo que se firme con el Fondo Monetario Internacional (FMI), una cláusula inédita y fundamental; para destrabar dentro del país la posibilidad de firmar el esperado “Facilidades Extendidas”. El ministro de Economía avanza en las conversaciones con el staff del organismo que maneja Kristalina Georgieva, la inclusión de un capítulo especial que mencione específicamente que si en el futuro se modifica la Carta Orgánica del Fondo y se habilita la alternativa de acuerdos a más de 10 años; el Facilidades Extendidas que se firme con Argentina pueda ser revisado e incluya los nuevos plazos. Si, por ejemplo, se cerrara este año el acuerdo y se firmara durante el 2021 un pacto a 10 años, y en el caso que el estatuto del FMI cambiaria en el período vigente del acuerdo (hasta 2031), el organismo debería permitirle al país la extensión de los plazos. La inclusión de la cláusula está en sus últimas etapas de negociación, y contaría con el aval tanto de la conducción del FMI, como del gobierno de Alberto Fernández. Coinciden en Olivos y el Palacio de Hacienda, que la inclusión de este capítulo le permitiría al Ejecutivo, poder sortear las dificultades políticas internas dentro del propio oficialismo, que reclaman un acuerdo a más de 10 años; algo hoy imposible de conseguir. No por falta de voluntad o poca presión de Guzmán y los negociadores argentinos, sino por la imposibilidad de lograr a tiempo cambios tan radicales en las estructuras del FMI.  El ministro y el staff negociador del Fondo están discutiendo además, de buena fe, que en el acuerdo se incluya también la alternativa de que los compromisos que se acuerden con el organismo financiero internacional a liquidar en el futuro, podrán no ser ejecutados con reservas o el saldo de la balanza comercial sino con el propio refinanciamiento del FMI.  Los términos generales del acuerdo que tiene en mente Guzmán serían los siguientes. De firmarse este año durante el segundo semestre un Facilidades Extendidas del tipo clásico (10 años con un plazo de 4,5 años para el inicio de los pagos); Argentina debería comenzar a liquidar sus compromisos en el primer semestre de 2026; y capital, en el segundo. Esto implicaría que el primer desembolso serio tendría que concretarse entre septiembre y diciembre de ese año. Teniendo en cuenta que la actual gestión de Alberto Fernández culmina en diciembre de 2023, será el próximo Gobierno quién deba tener en cuenta estos pagos. Pero tres años después de haber asumido, y en un tiempo político diferente al que hoy transcurre en la gestión Alberto Fernández. Esto es, sin las expectativas de una elección legislativa de medio término y a un año de terminar la próxima presidencia. Según la visión de Guzmán, con tiempo suficiente para demostrarle al FMI que el plan que presentó en Washington da resultado y que con una visión heterodoxa de la economía es posible ordenar las cuentas primero y hacer crecer sólidamente la macro después. Las paulatinas misiones del FMI lo irían comprobando en las fiscalizaciones periódicas; las que se prometen más que discretas y sólo de observación. Lo más importante llegaría para comienzos de 2026. Llegado el momento de comenzar a pagar.