El hermetismo es enorme pero todo indica que este martes a la tarde el presidente Alberto Fernández anunciaría la presentación del proyecto del Poder Ejecutivo sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el Congreso. Por estas horas, las redes sociales están teñidas de verde -el color de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito- con la leyenda #EsAhoraAlberto, en alusión a la promesa del presidente de presentar su proyecto y el poco tiempo que resta del año para tratarlo. La semana pasada, Vilma Ibarra, secretaria Legal y Técnica del gabinete y quien estuvo al frente de la redacción del proyecto oficial de IVE, confirmó que se presentaría en el Congreso a la brevedad y que sería tratado. El presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, les había asegurado a referentes de la Campaña Nacional que el Congreso no cierra este verano y que había tiempo para tratar los proyectos tanto del Ejecutivo como el de la Campaña, presentado por octava vez en mayo de 2019 y que aún cuenta con estado parlamentario. «Es urgente», «Aborto legal es justicia social», «Formá parte de la historia», son algunos de los mensajes que circulan, junto a posteos de militantes que explican que el aborto es una cuestión de salud pública y pidiéndole al presidente que cumpla su compromiso. «La larga lucha por el derecho al aborto voluntario, en condiciones de salud, igualdad y dignidad tiene una nueva oportunidad política para lograr su objetivo. Instamos a que el Congreso de la Nación asuma su parte en la historia de la ampliación de derechos», comienza un comunicado de la Campaña Nacional y otras organizaciones de derechos humanos. Estas organizaciones aseguran que aún se criminaliza el aborto: «Entre 2012 y la actualidad registramos en medios de todo el país 73 casos de criminalización de mujeres por abortos u otros eventos obstétricos. En los 26 abortos y los 47 eventos obstétricos relevados la abrumadora mayoría de las mujeres pertenece a sectores sociales vulnerables: no tiene trabajo remunerado, tiene un bajo nivel de instrucción formal y vive en condiciones habitacionales precarias. Se trata de mujeres que necesitaban el cuidado del Estado y la garantía de sus derechos. Sin embargo, la política penal que sostiene la persecución de abortos se orientó y orienta hacia las mujeres pobres». El texto asegura que la mayoría de las mujeres tiene menos de 30 años, hijos e hijas, que en el 50% de los casos de aborto y en más del 75% de los eventos obstétricos estuvieron detenidas. Los datos surgen de una investigación sobre criminalización del aborto en la que participa la Campaña Nacional junto al CELS, el Centro Universitario San Martín (CUSAM) y las investigadoras Gloria Orrego-Hoyos, María Lina Carrera y Natalia Saralegui. La investigación tiene el apoyo de la Asociación de Pensamiento Penal y del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. «La mayoría de estas mujeres estuvo sometida a investigaciones penales que no respetaron el debido proceso. Muchos de los casos fueron denunciados por personal de salud, en violación de la garantía de confidencialidad en la atención médica, y fueron maltratadas durante la internación, lo que supone hechos de tortura. Gran parte de ellas sufrieron allanamientos ilegales, fueron sometidas a interrogatorios forzados, obligadas a declarar contra sí mismas y tuvieron un nulo o deficiente asesoramiento legal», continúa el comunicado-. Se trata de procesos atravesados por prejuicios de clase y de género, en los que las autoridades no garantizaron un tratamiento justo o digno, sino que demostraron un singular ensañamiento». «La penalidad del aborto se afirma como un control sobre el cuerpo y la capacidad reproductiva de las mujeres. Se las juzga como si pudieran tomar decisiones de forma libre y autónoma, se las estigmatiza como asesinas, y para construir esas figuras se invisibilizan las situaciones de vulnerabilidad en la que se encuentran. Algunas de estas mujeres dijeron haber sufrido una violación y por desconocimiento o temor no accedieron a una interrupción legal del embarazo», sigue. Y concluye: «Legalizar el acceso al aborto a partir de un sistema de plazos es urgente. No podemos seguir esperando, a merced de la discrecionalidad de efectores de salud, policías, fiscalías, jueces y juezas.  Es urgente que el Congreso trate y apruebe un proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Necesitamos más derechos y menos condenas». Tras el anuncio del inminente avance del proyecto para legalizar la interrupción Voluntaria del Embarazo, Amnistía Internacional iluminó el Cabildo y el Ministerio de Salud con el objetivo de visibilizar el reclamo urgente de dar “luz verde” al aborto legal. “Cuando los gobiernos restringen el acceso al aborto las personas se ven obligadas a recurrir a prácticas inseguras, con consecuencias fatales. El actual sistema argentino llevó a que en los últimos 30 años más de 3.000 mujeres perdieran la vida y otras 39.000 pusieran su salud en peligro. El Presidente y el Congreso deben dar luz verde al debate y terminar con una política de criminalización que ha demostrado ser ineficaz. El camino hacia la ampliación de los derechos de las mujeres es una deuda de la democracia”, sostiene Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. Amnistía Internacional iluminó el Cabildo de verde con mensajes como #AbortoLegal2020 y el Adiós a la icónica percha, que procura generar conciencia sobre las prácticas inseguras y peligrosas a las que el sistema empuja a las mujeres. «El Cabildo es un edificio en donde se dieron grandes manifestaciones sociales en la historia de Argentina. Además, es un edificio que puede ser visto desde la oficina presidencial en la Casa Rosada -explican desde Amnistía-. La acción de luces en el Ministerio de Salud es para mostrar que el debate por el aborto es una discusión que debe estar centrada en la salud pública, más allá de cualquier dogma y creencia que las personas tienen derecho a mantener». Desde la Campaña Nacional convocan a realizar mañana movilizaciones en todo el país y un pañuelazo a las 18:30 «exigiendo el inicio de sesiones parlamentarias que traten el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, producto de una construcción colectiva, diversa y horizontal».