Uno de los debates centrales de estos días respecto a lo que dejará la pandemia es su impacto en el sistema educativo. Los datos no son alentadores: a nivel nacional cerca de 1,5 millones de estudiantes de los distintos niveles educativos se verían desvinculados de la escolarización, según cálculos del especialista Agustín Claus, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). Las estimaciones, que resultan conservadoras y presuponen un impacto de mínima, se basaron en 3 ejes: el total de estudiantes en abril de 2019 (la matrícula); el total de estudiantes inscriptos en 2017 pero que no asistieron en 2018 (abandono interanual); y la frecuencia de comunicación de la escuela con las familiar y los estudiantes durante el actual ciclo escolar, signado por la pandemia. El resultado es una desvinculación de 1,5 millones de estudiantes en Inicial, Primaria, Secundaria y Superior No Universitario de la Educación Común de ambos tipos de gestión escolar y ámbito. Las 4 jurisdicciones provinciales que mayor impacto registrarían son Buenos Aires (527.646), Córdoba (113.468), Santa Fe (107.788.) y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (83.358). La magnitud de estudiantes de estas provincias representaría cerca del 60% del total nacional. “La gobernabilidad de la educación en la Argentina se configura sobre un esquema federal y descentralizado. Como se evidenció y sistematizó, el Estado nacional y las jurisdicciones provinciales impulsaron respuestas entre la urgencia y el ensayo para promover las condiciones de continuidad pedagógica, sosteniendo los lazos entre las escuelas y los docentes por las vías posibles de comunicación con los estudiantes y las familias”, señaló Claus. Y ante la pregunta de qué hacer en este escenario, señaló: “Tres grandes ejes ordenarían las políticas educativas y la planificación de los recursos: 1) condiciones edilicias y sanitarias de las escuelas (generar espacios seguros y sanitarios); 2) inclusión educativa (desplegar a nivel territorial la búsqueda de los estudiantes para promover su la revinculación escolar); 3) tecnologías y recursos digitales (provisión de equipamientos, conectividad liberada como derecho esencial, recursos digitales accesibles públicos y gratuitos y plataformas que permitan la vinculación)”.