El Gobierno nacional busca habilitar un nuevo cargo fijo por un pedido realizado por la Asociación de Distribuidores de Gas, cámara que agrupa a las compañías del sector. A pesar del congelamiento de servicios dispuesto en medio de la cuarentena, la factura de gas podría aumentar 200 pesos. El objetivo de este nuevo impuesto estaría destinado a financiar inversiones y gastos corrientes en medio de la crisis. Las distribuidoras enviaron el proyecto al Ministro de Producción, Matías Kulfas. El funcionario consideró viable la idea. Adigas propuso que se cree un nuevo fondo denominado Focegas. El mismo está integrado por un cargo fijo de 200 pesos que se cobrarían en las facturas que les llegan a los usuarios residenciales de toda la Argentina. Las principales distribuidoras, Metrogas, Camuzzi, Natyrugy y EcoGas, insistieron al Gobierno que en un contexto de caída de ingresos y tarifas congeladas necesitan ingresos extras para evitar que colapse la cadena de pagos a los productores de energía. Por su parte, YPF, principal productor de gas del país, y otras petroleras como PAE, Pluspetrol, Total, Wintershall DEA y CGC, habían advertido sobre este contexto. El viernes habrá un nuevo encuentro para discutir el tema. A la reunión asistirá Federico Bernal, interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). Las empresas tomaron como antecedente el Fondo para Obras de Consolidación y Expansión de Distribución Eléctrica, creado en noviembre de 2012 a partir de la aplicación de un monto diferenciado para cada una de las distintas categorías de usuarios. Según el Decreto 543/2020 de la Emergencia Sanitaria, el Ejecutivo Nacional dispuso congelar por 180 días los aumentos en las tarifas. La norma establece la imposibilidad de cortar los servicios por deudas impagas de hasta seis meses. Además, indicaron que se tomó la decisión de mantener sin modificaciones las tarifas de electricidad y gas natural bajo jurisdicción federal porque la emergencia sanitaria y el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Esto provocó que se imposibilite "el desarrollo de los procesos de renegociación de la revisión tarifaria vigente de los servicios públicos de electricidad y gas natural".