Los dueños de la empresa agroexportadora Vicentin rechazaron la intervención y posterior expropiación que impulsa el Gobierno. Consideraron que la medida del Ejecutivo hacia la compañía, que está en concurso de acreedores, es "injusta, arbitraria e ilegal". El presidente Alberto Fernández anunció el lunes pasado en Casa Rosada que el economista Gabriel Delgado estará a cargo de la intervención de la compañía, una de las principales agroexportadoras del país. La empresa tiene una deuda total de U$S1.350 millones e ingresó en un concurso preventivo de acreedores. El Gobierno además buscará que el Congreso disponga la expropiación de la compañía. Tras la intervención y reunión de directivos con el Presidente, los dueños publicaron en los diarios una solicitada firmada por la "Familia y accionistas de Vicentin SAIC" en la que calificaron la medida de "injusta, arbitraria e ilegal". Dijeron que confían en que las autoridades recapaciten o intervengan oportunamente para reestablecer el estado de derecho". Consideraron que el plan del Gobierno "avasalla y atenta contra los derechos de la propiedad privada y le niega a una empresa argentina de larga y destacada trayectoria, el derecho a resolver su situación financiera en el marco que la ley prevé para dicho fin que es en el ámbito concursal". Manifestaron que la intervención y el proyecto de expropiación que impulsa el Gobierno en el Congreso "viola las garantías constitucionales, elude de manera arbitraria la independencia de poderes de una Nación y pone en jaque la confiabilidad en las instituciones que requiere toda República democrática". Repasaron la historia de la compañía, que tiene 90 años, y recordaron que invirtieron durante décadas en el país. Afirmaron que están amparados por leyes y que no están "expuestos a decisiones arbitrarias carentes de fundamentos y de legalidad". Cuestionaron que la decisión del Gobierno "inhabilita todas las negociaciones que la compañía venía llevando adelante para alcanzar una solución en el ámbito privado y deja como única opción, la estatización de la empresa, manifestando el propio Presidente que esa es la única posibilidad". Explicaron que se enfrentaron a "una situación financiera crítica" que derivó en la necesidad de que se presentaran en concurso de acreedores y que actuaron "a derecho y cumplimentando cada una de las etapas contempladas dentro de dicho procedimiento". Aclararon que pese a este panorama nunca dejaron de pagar los sueldos. En la convocatoria de acreedores, que sigue abierta hasta el próximo 25 de agosto, Vicentin buscaba reestructurar judicialmente una deuda total de unos $100.000 millones. El Banco Nación, tal como publicó TN.com.ar, es el principal acreedor. FUENTE: TN