El Gobierno nacional decidió declarar de interés público a todo el sistema de salud del país. Su objetivo es instrumentar un esquema “solidario” en el que el Estado no se apropiará de la infraestructura privada, pero sí oficiará de rector mientras dure la pandemia. ¿Qué significa esto? Como la magnitud final del impacto que tendrá el coronavirus en el país no se puede dimensionar con claridad, la intención oficial es que se implemente un procedimiento de derivaciones de pacientes coordinado entre los propios actores del sistema: obras sociales, prepagas, hospitales y clínicas, con la supervisión de gobiernos provinciales. Así, una persona que tiene cobertura de una prepaga o una obra social puede ser internada en un hospital público y viceversa. Si una clínica privada colapsa por la cantidad de demanda, no se derivará a los pacientes que necesiten atenderse únicamente según su cobertura social, sino por la complejidad del cuadro y por la disponibilidad de infraestructura de cada caso. La idea oficial es que esto no sea compulsivo ni digitado por Nación, sino sinergizado por el propio sistema. Esto fue explicado a este diario por el subsecretario de Estrategias Sanitarias de la Nación, Alejandro Costa. “Nosotros tenemos la posibilidad de ver todo el sistema, la cantidad de camas y los servicios. Fantástico, ahora eso se tiene que organizar a través de una red de complejidad creciente”, enfatizó. Sin trabas administrativas En esta crisis, agregó Costa, cada prepaga, obra social u hospital va a buscar darles respuestas a sus pacientes directos cuando llegue el pico de contagio. Pero en un determinado momento se puede agotar la capacidad propia. Y lo que sucederá es que un sector necesitará del otro. “Esta enfermedad no va a distinguir ningún tipo de frontera administrativa ni jurisdiccional”, añadió. Este esquema “solidario” estuvo pensado desde el principio de la pandemia. Incluso hay una iniciativa para generar un fondo compensador por si al sistema privado se le generan costos extra por atender a una persona sin cobertura. Pero se generó una fuerte polémica porque el miércoles el ministro de Salud, Ginés González García, expresó ante diputados nacionales: “Estoy propiciando, y creo que va a salir, un DNU que va a poner de interés público a todo el recurso sanitario de la Argentina”. “No vamos a discutir propiedad, podrá ser estatal o privado, pero tiene que tener un comportamiento igualitario para todos los argentinos. Creemos que en ese sentido cada jurisdicción tiene que trabajar coordinadamente, de manera tal que esto se regule y se administre por jurisdicción en la Argentina”, afirmó el ministro en una teleconferencia ante la comisión de Salud de la Cámara Baja. Dueños de prepagas y sindicalistas que administran presupuestos de obras sociales se preocuparon ayer por el alcance real de la medida. Por eso el Gobierno los convocó de urgencia. El ministro recibió a las cámaras Confeclisa Acami, Adecra, Fecliba, Ademp (todas de clínicas, sanatorios y hospitales) y obras sociales. Al salir, Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical y titular de la Unión de Entidades de la Salud (UAS) expresó: “El ministro nos ha manifestado que nunca estuvo en estudio la apropiación de establecimientos privados”. Tampoco era la intención la distribución compulsiva de pacientes por parte de Nación. Gabriel Barbagallo, gerente de relaciones Institucionales de OSDE y secretario de la UAS, comentó que la reunión “fue muy satisfactoria”. Camas con respirador En el sistema sanitario argentino hay 221.000 camas. Pero solo el 3,8% (8.444) son de terapia intensiva y tienen respirador artificial. Ahora, el Consejo Federal de Salud (Nación y provincias) trabajan en sumar 2.000 para llegar al 4,7%. Estas últimas son muy necesarias para el tratamiento de cuadros graves de coronavirus. En la reunión, González García afirmó que la histórica diferencia entre los subsectores y la falta de coordinación debe ser superada por las necesidades del país y circunstancias actuales. “Juntos y coordinados con todo el apoyo del Estado nacional para todos vamos a tener mejores resultados”, dijo. La UAS emitió un comunicado en el que celebra que se esté pensando en “integrar todos los subsectores de la salud” para definir modalidades de trabajo y acción ante la pandemia. “Se conocerán las disponibilidades de cada uno de los sectores y las necesidades de insumos básicos para enfrentar la pandemia, es decir respiradores, reactivos e indumentaria de protección para los empleados del sistema de salud, entre otros”, comunicó. Avanzar sobre el sector privado y de la seguridad social en cuanto a la disposición deliberada de sus propiedades no sería tampoco una tarea sencilla. Un médico involucrado con la política sanitaria del Gobierno consideró que eso equivaldría a abrir un frente sin vuelta atrás con las prepagas, pero más con el poderoso sector sindical. Y opinó que la pandemia sería una oportunidad para tener un sistema de salud único y universal. “Es que OSDE tiene 2 millones de afiliados, no tiene centros propios, no hay ninguna posibilidad de que pueda por sí misma responder a sus afiliados si todo se desborda”. Esto es, en parte, lo que visibilizó el Gobierno. Por otra parte, ningún privado está en las condiciones financieras para sumar, por ejemplo, alrededor de 5.000 camas de un día para el otro. Y menos ahora, que no tienen ni quién les venda los insumos. Las obras sociales están en la misma situación o un poco peor: al borde la quiebra y sin proveedores en el mundo que les vayan a dar prioridad. FUENTE: Vía País