Este viernes camioneros y estudiantes volvieron a tomar las calles de Chile por las medidas de seguridad anunciadas por el presidente Sebastián Piñera, que, entre otras cosas, incluyen una Ley antisaqueos, el avance de un proyecto en el Congreso contra los manifestantes encapuchados, la creación de un equipo especial de abogados para perseguir los delitos contra el orden público y el reforzamiento de la vigilancia aérea. El Jefe de Estado chileno busca fortalecer el orden público, tras jornadas de protestas que han dejado 20 muertos. Se trata de varios proyectos de ley, entre ellos, uno enfocado a endurecer las sanciones por delitos de robo, que intenta terminar con los saqueos. A su vez, Piñera busca establecer una discusión inmediata del proyecto de Ley "Antiencapuchados" para agravar la pena de las personas que cometan delitos tapándose el rostro. Por su parte, los camioneros marcharon para exigir una sustancial rebaja en los peajes de rutas y que se anulen sus multas por no pagar sus deudas a las concesionarias privadas que construyeron los caminos. Se concentraron en una importante avenida y marcharon hacia el barrio de La Dehesa, donde viven los más ricos. Allí ocuparon dos de cuatro carriles, según acordaron con la policía, aunque no respetaron el pacto con los agentes de no llegar a esa barriada. De esta manera, hay nuevos enfrentamientos entre manifestantes y carabineros en "la marcha pacífica más grande de Chile". Desde la Fiscalía Nacional anunciaron este viernes que abrieron 1.089 investigaciones penales por denuncias de "de violencia institucional" en el contexto de "desmanes" ocurridos entre el 18 y el 31 de octubre.  La Organización por las Naciones Unidas (ONU), criticó el abuso de la fuerza de los Carabineros mediante un comunicado que sentenció: "La violencia nunca puede ser la respuesta a las demandas sociales y políticas de las personas".