Lázaro Báez, preso hace tres años por lavado de activos, perdió finalmente dos de sus aeronaves predilectas. El Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), que juzga al empresario por "la ruta del dinero K" -está acusado de haber lavado 60 millones de dólares en tres años- autorizó al Estado a subastar los dos aviones que pertenecían al socio comercial de Cristina Kirchner. Ante la desvalorización de los aviones, y los costos que demandaría repararlos, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) los subastará. Las maniobras de lavado de dinero por las que está preso Lázaro Báez, y que tuvieron origen en los fondos obtenidos a través de la obra pública durante el gobierno kirchnerista, le permitieron incrementar su patrimonio en un 45.313%, según la Justicia. En 2002, el contratista K tenía 1.123.181 pesos; hacia 2012 llegó a superar los 600 millones de pesos, pero el número final para su fortuna fue de 3.021 millones de pesos. Entre sus más de 4.100 bienes, el socio comercial de Cristina Kirchner cuenta con una flota de aviones propiedad de su empresa Top Air. Una de esas aeronaves es en la que llegó a Buenos Aires el 5 de abril de 2016, cuando quedó detenido por orden del juez Sebastián Casanello.  El fiscal ante el TOF 4, Abel Córdoba fue el primero en pedir que dos de los aviones sean subastados por el Estado Nacional y los fondos obtenidos se deposite en una cuenta a nombre del tribunal en el Banco Nación. Se trata del Lear Jet 35 (LV-BPL) otorgada como guarda judicial al Ministerio de Seguridad de la Nación, y del Rockwell Turbo Comander 690B, que tiene la Junta de Investigaciones de Accidentes de Aviación (JIAAC). Las dos aeronaves se encuentran sin operar por problemas técnicos ylas reparaciones costarían al Estado 347.446,98 dólares. “Si este tribunal dispone la desafectación de la suma dineraria para arreglar ambas aeronaves no solamente correría un riesgo cierto de pérdida, teniendo en cuenta el transcurso del tiempo y la utilización de las aeronaves, también se deprecia su valor hasta que se decrete su decomiso, en caso de ser procedente", fue uno de los argumentos para avanzar en la autorización para subastar los aviones. Así, el TOF 4 autorizó a la AABE a vender por medio de una subasta pública las dos aeronaves de Báez, según la resolución a la que accedió Clarín. Allí se indicó que el organismo del Estado es el que debe "materializar las subastas de las aeronaves imponiéndosele la obligación de informar todo lo actuado en consecuencia". El dinero que se recaude de dicha subasta irá a una cuenta del Banco Nación a nombre del número de causa que lleva "la ruta del dinero K". El TOF 4, integrado por los jueces Néstor Costabel, Gabriela López Íñiguez y Adriana Pallioto, resolvió autorizar a la subasta atentos al "costo que generaría su reparación" y a  que hace muchos meses "se encuentran sin utilizar por diferentes problemas técnicos". La medida se adoptó después de que el ministerio de Seguridad de la Nación fuera depositario judicial de las aeronaves. Su mantenimiento y reparación se volvieron muy onerosos, y ante la búsqueda del recupero por parte del Estado de bienes que se sospechan fueron adquiridos con fondos ilícitos, se analizó que la mejor opción era una subasta. No son los únicos bienes que el empresario K tiene cautelados. En la causa por lavado de dinero y que están en pleno de desarrollo en la instancia de juicio oral, Báez tiene un embargo de 600 millones de dólares (diez veces la suma de dinero que aplicó a operaciones de blanqueo). El embargo implica además, el congelamiento de cuentas bancarias. Durante la instrucción de la causa, el juez Sebastián Casanello bajo la figura de "depositario judicial" -ya que como aún no hay condena no se puede avanzar con un decomiso- otorgó a Vialidad Nacional cientos de máquinas de Austral Construcciones. Respecto de ellas, se buscó evitar el deterioro del parque automotor y su pérdida de valor.