El gobierno nacional oficializó un aumento de 5,71% en jubilaciones y pensiones. El porcentaje, que se aplicará a partir de marzo, fue publicado en el Boletín Oficial este jueves, aunque ya se conocían variables económicas que permitían adelantar de cuánto sería la suba. La resolución 2-e/2018 fue la primera en implementar la nueva fórmula de movilidad de la Reforma Previsional que se discutió a fines de 2017 y generó graves incidentes en el Congreso de la Nación. A través de esta fórmula, se contempla una variación de acuerdo a los índices de inflación informados por el INDEC. Además del 30% de la evolución que en igual período registró otro índice llamado Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). Para determinar el porcentaje de 5,71% se tomaron las varaciones de precios y salarios correspondientes al tercer trimestre de 2017. La nueva ley establece otras tres actualizaciones anuales de los haberes para junio (se ponderan datos de octubre a diciembre del año pasado), septiembre (con datos del primer trimestre de 2018) y diciembre(según variables del segundo trimestre de 2018). La fórmula que regía hasta el año pasado contemplaba dos ajustes anuales en cuya composición tenía un rol preponderante la recaudación fiscal. La reforma ambién repercute en la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), en la Asignación Universal por Hijo (AUH), a los pagos por hijo a asalariados y a monotributistas, a las pensiones no contributivas y a los pagos mensuales que reciben ex combatientes de Malvinas. La norma incluyó además una garantía para las personas que tienen 30 años de aportes o más, quienes no podrán cobrar menos que un monto al 82% del salario mínimo, vital y móvil. Esta cláusula se ejecutó a principios de año junto a un bono especial que permitió destrabar las negociaciones el año pasado para que parte de la oposición acompañara la ley impulsada por el Poder Ejecutivo.