La  fiscal Gabriela Ruiz Morales y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) han solicitado la indagación de tres altos funcionarios de la Aduana, ya que se encuentran sospechados de integrar "un grupo criminal" abocado a contrabandear mercadería con protección aduanera entre 2014 y 2015, por montos multimillonarios. Los investigadores solicitaron, además, al juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky que ordene una batería de embargos, inhibiciones, secuestros de la mercadería y decomisos sobre todas las empresas y personas sospechadas de integrar la llamada "mafia de los contenedores", a las que requirió que se les prohíba salir del país. Los fiscales concentraron su acusación en tres miembros de la familia Paolantonio -Alejandro César, Miguel Fernando y Diego Raúl-, como así también a los representantes de un puñado de sociedades que participaron en la supuesta operatoria delictual: Transportes DTM SRL, Corport SA, Different Imports SA, New Unique Imports SA, Sicem BA SRL, Las Cortaderas SRL, Oslona SRL, Origini RM SRL y Lion Trade SRL. Los pedidos de indagatoria también alcanzaron a tres de los máximos jefes aduaneros durante la gestión de Ricardo Echegaray al frente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP): Daniel Santanna, Edgardo Paolucci y Eduardo Alfredo Bernardi -el ex titular de la Aduana de Buenos Aires al que le encontraron US$ 500.000 sin declarar al allanarle su casa-, aunque los fiscales adelantaron que citarán a tribunales "a toda otra persona que hubiese ejercido funciones de control sobre la operatoria" cuestionada, entre enero de 2014 y diciembre de 2015. Por último, los investigadores también requirieron indagar a la agente de transporte aduanero, Liliana Leguiza, los despachantes Juan Manuel Benavides, Edgardo Mingrone, José Mocciola y Silvina Otturi, y los máximos responsables de dos depósitos fiscales: Terminal Carga Tigre SA y Carestiba SA, de Jorge Lambiris, el empresario que vacacionó con Echegaray en Río de Janeiro. La causa penal comenzó a partir de una denuncia de la Procelac, que a su vez se apoyó en un trabajo preliminar que inició con datos aportados por el nuevo titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, y la investigación que, desde el diario Clarín, desarrolló el periodista Matías Longoni, que lo publicó a lo largo de 2016. Durante su investigación, Longoni detectó cómo los Paolantonio, en connivencia con la Aduana en tiempos de Echegaray, gestionaron el ingreso al país de cientos de contenedores con mercadería prohibida, hasta convertirse en, acaso, la banda más importante de contrabandistas que operó en el área metropolitana de Buenos Aires durante los últimos años. Fuente: La Nación