Si bien Panamá se esforzó por cambiar la imagen de paraíso fiscal y posicionarse como un centro financiero serio, lo que le valió que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) lo borrara de su lista gris, la investigación revelada ayer vuelve a posicionarlo como un importante punto de atracción para el sector financiero. Panamá se desarrolló como un gran centro de comercio a escala internacional y un importante punto de atracción para el sector financiero. Atravesado por un canal que une el mar Caribe con el océano Pacífico, la banca es el sector estrella de la economía panameña, alimentada por el desarrollo de leyes bancarias afines a los objetivos del capital financiero. Ese país ha sido -y es- terreno abonado para los delitos de fraude fiscal, blanqueo de dinero y estafas financieras. Entre las causas, cabe destacarse que su jurisdicción acepta la confidencialidad de documentos o registros, lo que permite que tanto empresas multinacionales como personas residentes en países con regímenes tributarios impositivos puedan utilizar dichos mecanismos para transferir fondos y ocultar la información.  De esta manera, obtienen una ventaja al ahorrarse impuestos que tendrían que haber pagado en sus lugares de origen. A Panamá este sistema le permite capturar fondos que de otra forma no recibiría. Sin embargo, la doble tributación también le ha originado inconvenientes, motivo por el que diversos organismos internacionales han elaborado formas de contrarrestar estas fórmulas fiscales que les perjudican. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), elaboró una lista en el año 2000, en la que aparecían 48 paraísos fiscales y entre los cuales, de manera destacada, estaba Panamá. El organismo puso en marcha un mecanismo de sanciones entre las que se encontraba la negación de créditos para financiar operaciones transaccionales.  La Superintendencia de Bancos de Panamá, el organismo puesto en marcha por el gobierno para "fiscalizar" las operaciones bancarias en el país alcanzó algunos acuerdos, entre los que se incluye la transmisión de información sobre los bancos que operan en territorio panameño a instituciones fiscales de otros países. Esto ha permitido que, desde entonces, la OCDE considere a Panamá "paraíso fiscal cooperante" y vuelva a recibir un trato de favor.  En este marco, en los últimos tiempos el país se esforzó por cambiar esta imagen y posicionarse como un centro financiero serio. Su gobierno aprobó una serie de regulaciones para los bancos, aseguradoras, firmas inmobiliarias y bolsas de acciones y de piedras preciosas.  En febrero, el GAFI, que lucha contra el lavado de dinero, borró a Panamá de su Lista Gris de países que a nivel internacional no cumplen con los estándares de intercambio de informaciones financieras y fiscales, en tanto que el Fondo Monetario Internacional (FMI) elogió en su más reciente informe la estabilidad del sector bancario panameño. Resta ver cómo afectará el escándalo internacional a la calificación que los organismos de crédito y cooperación económica internacionales le den al país del Caribe.