Este lunes, el gobierno español que encabeza Mariano Rajoy debe tomar el control efectivo de las instituciones de Cataluña en medio de una gran expectativa. Existe una gran incertidumbre ante la incógnita de si el destituido presidente catalán Carles Puigdemont y su gobierno acatarán la decisión. Por otro lado, la Fiscalía General del Estado tenía previsto presentar en las próximas horas una querella contra Puigdemont por un delito de rebelión, penado con hasta 30 años de prisión. En otras dependencias del gobierno se mantiene la misma situación de tensión a la espera de lo que pueda suceder, después de que tras ser destituido de forma fulminante el viernes, Puigdemont advirtió que rechazaba la intervención de Cataluña por parte del Ejecutivo central y pidió a los ciudadanos que defiendan “pacífica y democráticamente” la república proclamada ese mismo día en el parlamento regional. Las autoridades catalanas destituidas podrían incurrir en un delito de usurpación de funciones si trabajaran hoy, según advirtió el gobierno español en el decreto publicado en la madrugada del sábado, cuando se hicieron efectos los ceses. Además de cesar a las autoridades del gobierno secesionista, el Ejecutivo disolvió el parlamento y convocó elecciones para el próximo 21 de diciembre, con lo que la jornada está marcada también por los anuncios de los distintos partidos, especialmente los independentistas, en torno a la cita electoral.